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Valoran proyecto que eleva penas contra vendedores de terrenos brujos y llaman a solucionar crisis habitacional

El Diputado Juan Manuel Fuenzalida aseguró que se aprobó una sanción mayor para quienes realicen cualquier acto o contrato que tenga por finalidad la transferencia de un dominio, como por ejemplo una venta, promesa de venta, reserva de sitio, adjudicación o la constitución de una comunidad o sociedad. Además, detalló que quienes cometan dicho delito formando parte de una organización compuesta por dos o más personas, serán condenados con la pena máxima.

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Red Comunales

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El diputado por la Región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida respaldó el proyecto de ley que busca aumentar las penas por el delito de loteo irregular -también conocido como “brujo”-, considerando el aumento explosivo que ha tenido dicha acción en los últimos años, y cuyas víctimas principales suelen ser las familias más vulnerables y de escasos recursos del país.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que dicha iniciativa -que ahora deberá ser tramitada por el Senado para convertirse en ley- modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción para eliminar el grado inferior de la pena asignada a este delito, de manera que quienes sean condenados por loteo irregular cumplan una pena efectiva que irá desde los tres hasta los cinco años de presidio.

“Hoy existe un gravísimo problema en los sectores más rurales de nuestro país, porque el alto costo de la vida en el área urbana ha hecho que muchas familias, sobre todo durante la pandemia, tomaran la decisión de emigrar hacia esas zonas para vivir. El inconveniente, sin embargo, es que existen muchos vendedores de terrenos que, por medio del engaño, están literalmente estafando a muchas personas, haciéndoles creer que podrán regularizar su propiedad”, manifestó el diputado Fuenzalida.

En esa línea, el legislador explicó que la actual normativa define a los loteos irregulares como las subdivisiones de terrenos que no cuentan con un permiso provisorio o definitivo por parte de la municipalidad correspondiente, y que además se encuentran emplazados fuera de los límites urbanos o de los planes reguladores, como ha ocurrido en el último tiempo en el país.

Por lo mismo, Fuenzalida aseguró que se aprobó una sanción mayor para quienes realicen cualquier acto o contrato que tenga por finalidad la transferencia de un dominio, como por ejemplo una venta, promesa de venta, reserva de sitio, adjudicación o la constitución de una comunidad o sociedad. Además, detalló que quienes cometan dicho delito formando parte de una organización compuesta por dos o más personas, serán condenados con la pena máxima.

“Lo que buscamos con este proyecto es sancionar no sólo a las personas que de manera individual están estafando a decenas de familias, sino que también a las agrupaciones criminales que se dedican a este delito y a las verdaderas mafias que se están tomando distintos terrenos para luego lotearlos y venderlos, aprovechándose de la desesperación y la vulneración de las personas de más escasos recursos”, manifestó el parlamentario, quien finalmente llamó al Gobierno a buscar una solución a la actual crisis habitacional que vive el país para así frenar este tipo de delitos.

“Si las actuales autoridades son incapaces de ofrecer una solución real a la crisis habitacional que vivimos, nunca vamos a poder detener este tipo de acciones. Por eso es fundamental que el Gobierno cumpla su compromiso de campaña, que era construir 65 mil casas al año”, indicó el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

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