La debacle en la gestión del sistema frontal se suma a semanas de cuestionamientos previos. Analistas coinciden en que la situación del delegado es insostenible.

La Región de Coquimbo todavía evalúa los daños provocados por el sistema frontal más intenso de las últimas décadas cuando en el mundo político regional se instala con renovada fuerza una pregunta que ya circulaba antes de que cayera la primera gota: ¿cuánto tiempo más puede mantenerse Víctor Pino al frente de la Delegación Presidencial?

Una fragilidad política previa a la emergencia

La situación del delegado presidencial no comenzó con el aluvión. Desde semanas antes de la emergencia, diversas voces cuestionaban su rol en la conducción política de la región: falta de liderazgo, escasa presencia territorial y tensiones al interior del gabinete regional eran los señalamientos que circulaban en el oficialismo.

El episodio que encendió las alertas fue su ausencia a la mesa rural campesina de Salamanca a fines de junio. El cúmulo de cuestionamientos derivó en acusaciones por “malos tratos” con su personal de confianza y en versiones sobre presiones desde sectores de la derecha para acelerar su salida.

La respuesta fue una inusual declaración pública de respaldo: cinco partidos del oficialismo regional —Evópoli, UDI, Partido Cristiano, Demócratas y Republicanos— firmaron un comunicado destacando el liderazgo de Pino y llamando a no convertir “rumores o trascendidos en juicios”. Renovación Nacional no firmó.

El propio Pino respondió a los cuestionamientos con una frase que hoy resuena de otra manera: “El único que puede pedir mi salida es el Presidente de la República”.

El colapso durante la emergencia

Lo que vino después expuso las debilidades de la delegación ante toda la región. La coordinación previa al evento falló: el COGRID regional convocado por SENAPRED días antes de las lluvias se realizó de manera telemática y terminó entre problemas de conexión y cámaras apagadas. “Fue casi una reunión de apoderados. No se escuchaba nada, no se sabía quién hablaba”, denunció el alcalde Manouchehri.

Cuando la emergencia se instaló, los municipios quedaron sin respaldo. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, aseguró que el municipio envió oportunamente los informes Alfa solicitando motobombas y camiones aljibe, pero los equipos comprometidos nunca llegaron. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, calificó de “vergüenza” la respuesta del Ejecutivo, afirmando que los municipios debieron enfrentar prácticamente solos la crisis.

A eso se sumó una falla comunicacional extendida: los encargados de comunicaciones de los servicios públicos no emitían información durante la emergencia. Los medios debían buscar y solicitar las declaraciones, y algunos funcionarios entregaban notas solo a ciertos medios, generando una cobertura fragmentada en el peor momento posible.

El desenlace institucional fue simbólicamente definitorio: el estado de catástrofe decretado el lunes 20 de julio transfirió el mando de la emergencia a la autoridad militar, desplazando en los hechos al delegado presidencial del centro de la conducción.

Las excepciones que agravan el contraste

No todas las autoridades del gobierno regional tuvieron el mismo desempeño. El gobernador Cristóbal Juliá alertó con días de anticipación sobre la magnitud del evento y advirtió que “en tres días ha llovido lo que normalmente cae en tres años”, manteniendo presencia y comunicación durante toda la emergencia. La delegada presidencial provincial del Limarí, Ivón Guerra, también destacó por su despliegue territorial y su capacidad de gestión en terreno.

La lectura política

Para Miguel Torres Romero, cientista político y director del Observatorio Político Región de Coquimbo (OPRC), la emergencia no creó la crisis política de Pino, sino que la hizo insostenible. “La fragilidad del delegado venía de antes. Lo que hizo el sistema frontal fue exponerla ante toda la región en el peor escenario posible: una catástrofe donde se necesita conducción, presencia y comunicación, y las tres fallaron”, señala.

Torres apunta a la falla comunicacional como un síntoma estructural. “Que los encargados de comunicaciones de los servicios no emitieran durante la emergencia no es un error aislado: refleja cómo estaba organizado —o desorganizado— el gabinete regional. En una crisis, la información es parte de la gestión. Y esa también colapsó.”

Para el analista, el contraste con figuras como Juliá y Guerra hace más difícil el argumento de que la magnitud del evento lo impedía todo. “Había margen para hacerlo distinto. Otros lo demostraron con los mismos recursos y en la misma región.”

Respecto de lo que viene, Torres es directo: “El blindaje de los partidos que se vio en julio ya no tiene condiciones para repetirse después de esto. La pregunta no es si Pino sale, sino cuándo y en qué términos.”

La continuidad del delegado presidencial seguía siendo observada de cerca en el oficialismo regional incluso antes de la emergencia. Hoy, ese escrutinio tiene argumentos concretos —y públicos— para resolverse.