Programa para personas con discapacidad cambia de ejecutor tras meses sin pago a trabajadores en la Región de Coquimbo

Durante al menos tres meses, trabajadores de un programa residencial para personas con discapacidad en la Región de Coquimbo desempeñaron sus funciones sin recibir remuneraciones ni contar con documentación que acreditara formalmente su situación laboral. El programa, financiado con recursos públicos y ejecutado por una entidad privada, cambió de administrador a fines de 2025, luego de una serie de incumplimientos financieros y administrativos.

Los problemas se remontan a octubre, cuando la entidad ejecutora, la Fundación para la Infancia, enfrentó el embargo de sus cuentas bancarias por parte de una institución financiera. Esta situación derivó en la imposibilidad de pagar sueldos y finiquitos, así como en dificultades para rendir los recursos asociados al programa, generando un quiebre operativo que se extendió hasta diciembre.

Pese a ello, los equipos continuaron desempeñando sus labores, sin recibir pagos ni contar con contratos, finiquitos u otros documentos que respaldaran su vínculo laboral. Según los antecedentes recabados, al término del convenio los trabajadores tampoco recibieron certificación formal que diera cuenta de su situación contractual, lo que dejó a parte de ellos sin respaldo administrativo para acreditar la relación de trabajo mantenida durante ese período.

La revisión del caso se activó a partir de una denuncia ingresada a redes comunales, lo que dio paso a un proceso administrativo que concluyó con el término del convenio entre el Estado y la fundación. La causal incluyó, además del embargo de cuentas, la utilización de recursos para fines distintos a los establecidos en el programa, lo que impidió su correcta rendición.

Con el término de la ejecución, el programa fue traspasado a una nueva entidad, la Corporación UPASOL, con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención a los usuarios. Parte de los trabajadores optó por integrarse al nuevo ejecutor, mientras que otro grupo decidió no continuar, quedando a la espera de la regularización de los pagos adeudados por la administración anterior.

Consultado por este medio, el director regional de SENADIS, Jorge Juárez, indicó que no existe relación laboral entre el servicio y los trabajadores, dado que el vínculo contractual se establece con entidades privadas ejecutoras de programas. Asimismo, señaló que actualmente no existen mecanismos formales para revisar antecedentes financieros o penales de las fundaciones al momento de su contratación.

En cuanto al estado del proceso, desde SENADIS se informó que el caso se mantiene en una etapa administrativa, a la espera de pronunciamientos formales de las partes involucradas para emitir un comunicado. Al cierre de esta edición, la Fundación para la Infancia no ha entregado una respuesta pública ni un documento oficial que aclare su situación financiera o el estado de los pagos adeudados.

No se ha confirmado la existencia de una denuncia formal presentada ante tribunales u organismos fiscalizadores. Los antecedentes disponibles provienen de actuaciones administrativas y de información recopilada durante el proceso de revisión.

Este medio mantiene abierto el espacio para incorporar aclaraciones o versiones adicionales, en la medida que existan antecedentes verificables que permitan completar el cuadro informativo.