Señor Director Red Diarios Comunales

Hoy la preocupación de las comunidades educativas ya no responde únicamente a las consecuencias de los temporales. Hoy también existe una profunda preocupación por la forma en que el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera ha enfrentado esta emergencia y por la ausencia de una defensa firme por parte del Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Coquimbo.

El Servicio Local Puerto Cordillera ha impulsado un retorno a clases en un escenario donde aún persisten múltiples incertidumbres que afectan directamente a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y sus familias. La protección de las personas debió ser el eje central de toda decisión, sin embargo, las dudas continúan siendo mayores que las certezas.

Hasta ahora no existe un comunicado oficial que entregue tranquilidad a las comunidades educativas respecto de aspectos esenciales para un retorno seguro. No existe información clara que garantice el normal abastecimiento de agua potable en todos los establecimientos afectados. Tampoco existe una comunicación oficial que asegure el funcionamiento oportuno y adecuado de la alimentación escolar de JUNAEB para todos los estudiantes que dependen de este beneficio.

¿Cómo se pretende normalizar las clases cuando ni siquiera se han despejado estas interrogantes básicas? ¿Cómo se puede hablar de un retorno seguro cuando las familias desconocen si existirán condiciones mínimas para el funcionamiento de los establecimientos?

La improvisación jamás puede reemplazar a la planificación, y la ausencia de información oficial solo aumenta la incertidumbre, la desconfianza y la sensación de abandono de las comunidades educativas.

La responsabilidad del Servicio Local Puerto Cordillera no consiste únicamente en ordenar un retorno. Su obligación es garantizar que cada establecimiento cuente con condiciones sanitarias, de infraestructura y de funcionamiento que resguarden efectivamente la salud y la seguridad de quienes estudian y trabajan en ellos. Mientras esas garantías no sean claras y públicas, cualquier decisión apresurada resulta profundamente cuestionable.

Pero tan grave como la actuación del sostenedor ha sido la nula defensa ejercida por el Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Coquimbo.

En una situación de esta magnitud se esperaba un liderazgo firme, una voz crítica y una defensa decidida de los derechos y la seguridad del profesorado. Sin embargo, el silencio ha ocupado el lugar donde debió existir una exigencia categórica de garantías para las comunidades educativas.

Mientras docentes y asistentes expresan preocupación por las condiciones de los establecimientos, por la incertidumbre sanitaria y por la falta de información oficial, el Comunal Coquimbo no ha demostrado la firmeza que históricamente se espera de una organización gremial cuya principal misión es defender a sus asociados.

Un gremio no está llamado a guardar silencio cuando existen riesgos que afectan a quienes representa. Su función es fiscalizar, exigir respuestas, denunciar las deficiencias y enfrentar a la autoridad cuando las condiciones así lo ameritan. Cuando esa defensa desaparece, también se debilita la confianza de quienes depositaron en sus dirigentes la responsabilidad de proteger sus derechos.

Las comunidades educativas necesitan autoridades responsables y organizaciones gremiales que estén a la altura del momento. Necesitan transparencia, información oficial, certezas y decisiones basadas en la seguridad de las personas, no en la urgencia por normalizar el funcionamiento administrativo.

La educación pública no puede construirse sobre la improvisación, la incertidumbre ni el silencio. Puerto Cordillera tiene la obligación de entregar respuestas claras y garantías reales antes de exigir el retorno. El Comunal Coquimbo tiene el deber moral y gremial de defender sin vacilaciones a quienes representa.

Cuando la seguridad de niños, niñas, adolescentes y trabajadores de la educación está en juego, el silencio deja de ser una omisión y pasa a convertirse en una grave renuncia al deber de proteger a las comunidades educativas. SLEP Puerto Cordillera.

Álvaro López Reyes 

Profesor y Educador Diferencial