La Contraloría General de la República instruyó nuevamente a la Municipalidad de Coquimbo regularizar a la brevedad la situación relacionada con los honorarios pagados a un prestador de servicios que actualmente cumple funciones como delegado municipal de Tierras Blancas, advirtiendo que el municipio no ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas previamente por el organismo fiscalizador.

Según el oficio emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo con fecha 22 de mayo de 2026, la investigación se originó tras una denuncia reservada que cuestionaba el elevado monto de honorarios pagados a una persona que solo posee licencia de enseñanza media.

El organismo fiscalizador señaló que, pese a instrucciones anteriores emitidas durante 2024 y 2025, el municipio optó por suscribir un nuevo contrato a honorarios con el funcionario, quien pasó a desempeñarse como delegado municipal de Tierras Blancas mediante decreto alcaldicio N° 2.436 de 2025.

Sin embargo, Contraloría concluyó que la situación irregular persiste, debido a que los honorarios continúan calculándose tomando como referencia el sueldo de un funcionario municipal de planta grado 7, cargo que exige contar con un título profesional universitario o técnico reconocido por el Estado, requisito que el prestador no cumple.

En el documento se precisa que el trabajador cuestionado únicamente posee licencia de enseñanza media, por lo que la nueva contratación tampoco se ajustaría a la normativa ni a la jurisprudencia administrativa vigente.

Además, la Contraloría recordó que los municipios deben establecer criterios objetivos y transparentes para fijar honorarios, resguardando siempre el patrimonio municipal y evitando pagos excesivos que no guarden relación con las funciones desempeñadas.

Frente a este escenario, el ente contralor exigió nuevamente al municipio regularizar la situación y entregar un informe documentado en un plazo de diez días hábiles administrativos desde la notificación del oficio.

Asimismo, la Contraloría advirtió que sus dictámenes y pronunciamientos son obligatorios para los organismos públicos y que el incumplimiento de estas instrucciones podría derivar en responsabilidades administrativas para quienes no adopten las medidas correspondientes.

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