Tripulantes artesanales de Coquimbo acuden a Contraloría para que se les pague parte de las ventas de cuotas de pesca a la industria

Dirigentes del Sindicato de Trabajadores Independientes de Tripulantes Artesanales Cerqueros de la Región de Coquimbo, junto al senador Daniel Núñez, ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento que obligue a fiscalizar el pago que corresponde a los trabajadores cuando los armadores venden cuotas de pesca a la industria.

La acción se fundamenta en el artículo 55 N de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que establece que los tripulantes deben recibir una parte de los ingresos generados por la cesión de cuotas pesqueras. Según el documento presentado, esta disposición no se estaría cumpliendo en la región, generando un perjuicio económico sostenido para los trabajadores.

Eduardo Calderón, director del sindicato, explicó que “es una venta de cierta cantidad de toneladas de pesca que tienen los armadores. El problema principal es que esto se ha hecho de años atrás y ahora recién nosotros hicimos las consultas sobre la parte que nos debe tocar, que se tiene que pagar y eso no se ha hecho nunca”. Añadió que “los armadores sí recibían el dinero, pero nosotros no recibíamos nada con respecto a las cesiones anteriores y a esta última que se está haciendo”.

Un problema estructural en la distribución de los recursos pesqueros

El requerimiento ante Contraloría plantea que actualmente no existen mecanismos efectivos de verificación ni fiscalización del pago a tripulantes en estas operaciones, lo que ha permitido que se materialicen cesiones de cuotas con beneficios económicos que no se distribuyen a los trabajadores.

El senador Daniel Núñez señaló que la presentación busca corregir un vacío de fiscalización. “Acá hay un negocio que genera ganancias para los armadores y la ley estipula claramente que ante esa situación debe también verse beneficiado el tripulante. Eso no se ha respetado desde hace muchos años en la Región de Coquimbo y queremos generar el precedente de que las leyes están para cumplirse”.

El legislador agregó que solicitaron a Contraloría “establecer el deber que tiene el Servicio Nacional de Pesca de fiscalizar y asegurar que cada vez que se hace una cesión de derechos o una venta desde el sector artesanal de cuotas de pesca a la industria pesquera, se pague la parte que corresponde a los tripulantes artesanales”.

La distribución de las cuotas: una disputa histórica

El sistema de cuotas de pesca en Chile ha sido objeto de múltiples conflictos entre el sector artesanal, la industria y los trabajadores. La Ley General de Pesca establece un mecanismo de distribución que busca equilibrar los intereses productivos con la sustentabilidad de los recursos. Sin embargo, organizaciones de pescadores han denunciado en reiteradas ocasiones que los beneficios económicos no siempre llegan a quienes trabajan a bordo de las embarcaciones.

En la Región de Coquimbo, donde la pesca artesanal es una fuente de empleo para cientos de familias, el incumplimiento de esta norma afecta directamente la estabilidad económica de los tripulantes, que dependen de estos pagos para complementar sus ingresos variables.

El sindicato espera que Contraloría se pronuncie sobre tres puntos clave: que el pago a tripulantes es una obligación legal, que el Servicio Nacional de Pesca debe fiscalizar su cumplimiento, y que dicha fiscalización debe incluir la cadena de pagos asociada a estas operaciones.

“La distribución de los recursos pesqueros tiene que hacerse de forma equitativa, con un sentido de justicia social y en el marco de la legalidad”, concluyó Núñez. El dictamen de Contraloría podría sentar un precedente para regularizar una práctica que, según los trabajadores, los ha dejado fuera de los ingresos generados por la venta de cuotas durante años