Fiscalía investiga presunta trama de corrupción en contratos de Junaeb y pesquisas alcanzan al senador Sergio Gahona

Una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente indaga una presunta trama de corrupción relacionada con licitaciones y contratos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), particularmente en el marco del Programa de Alimentación Escolar (PAE), causa que también alcanza a figuras políticas, entre ellas el senador por la Región de Coquimbo Sergio Gahona (UDI).

La investigación es liderada por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, y tiene como uno de sus principales focos a la empresa SOSER S.A., proveedora de servicios de alimentación escolar que habría obtenido contratos millonarios bajo circunstancias que actualmente son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.

Entre los delitos que se indagan se encuentran cohecho, soborno, tráfico de influencias, fraude al Fisco y lavado de activos. La hipótesis investigativa apunta a la eventual existencia de pagos irregulares, entrega de información reservada y gestiones destinadas a favorecer a la empresa y remover o presionar a funcionarios vinculados a labores de fiscalización.

Investigación se originó por pagos por $14 mil millones

El origen de la causa se encuentra en una denuncia presentada por el actual director de Junaeb, Fernando Peña, quien habría informado antecedentes relacionados con pagos efectuados a SOSER por raciones de alimentación que no habrían sido entregadas a estudiantes en la Región de O’Higgins.

Los montos involucrados alcanzarían aproximadamente $14 mil millones, situación que derivó en la apertura de una investigación destinada a determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.

A partir de estos antecedentes, las pesquisas se ampliaron y comenzaron a abordar no solo la ejecución de los contratos, sino también las eventuales relaciones entre funcionarios públicos, representantes de la empresa y actores externos que podrían haber intervenido en los procesos de adjudicación y fiscalización.

Allanamientos e incautaciones

Como parte de las diligencias desarrolladas por el Ministerio Público, con apoyo de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizaron allanamientos e incautaciones en distintos lugares.

Entre los sitios considerados en las diligencias se encuentran dependencias de Junaeb, domicilios particulares y oficinas vinculadas a parlamentarios, incluyendo los despachos de los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

El objetivo de estas actuaciones fue recopilar antecedentes, entre ellos teléfonos celulares, computadores, documentación y correos electrónicos, que pudieran contribuir a establecer la existencia de eventuales coordinaciones o irregularidades en torno a los contratos investigados.

Otros nombres aparecen en la investigación

La causa también contempla antecedentes relacionados con otras figuras públicas y privadas. Entre los nombres mencionados se encuentran el senador Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez, la exdirectora de Junaeb Camila Rubio, además de exfuncionarios del organismo, el lobbista Darío Calderón y ejecutivos vinculados a SOSER.

La investigación busca establecer el eventual papel que habría desempeñado cada una de estas personas y si existieron coordinaciones destinadas a beneficiar a determinados actores dentro de los procesos de contratación pública.

Gahona mantiene silencio

Consultado por los antecedentes de la investigación, el senador Sergio Gahona habría señalado que, por el momento, no emitirá declaraciones respecto de la causa.

Desde Junaeb, en tanto, su director Fernando Peña ha calificado la situación como preocupante y manifestó su expectativa de que la investigación permita esclarecer eventuales irregularidades que, según sus dichos, podrían corresponder a un problema de larga data dentro de la institución.

Investigación continúa bajo reserva

Los antecedentes conocidos hasta ahora forman parte de una investigación en curso, por lo que todavía no existen formalizaciones ni condenas respecto de las personas mencionadas.

El Ministerio Público deberá determinar, a partir de las diligencias realizadas y de la información incautada, si existen antecedentes suficientes para establecer responsabilidades penales y eventualmente formular cargos ante los tribunales de justicia.

La causa podría seguir ampliándose durante las próximas semanas, mientras Fiscalía analiza documentación, dispositivos electrónicos, comunicaciones y antecedentes contractuales relacionados con las licitaciones de Junaeb.