Desempleo e informalidad en Coquimbo superan promedios nacionales mientras gobierno retira proyecto para fortalecer negociación colectiva

La Región de Coquimbo cerró el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026 con una tasa de desocupación del 8,7%, superando en 0,4 puntos el promedio nacional (8,3%), según el Boletín ENE N° 240 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La informalidad laboral alcanzó el 29,5% en la región, tres puntos por encima del promedio país (26,5%) .

Las cifras revelan una realidad estructural: mientras las personas ocupadas crecieron 3,9%, la fuerza de trabajo aumentó 4,4%, lo que significa que más personas buscan empleo del que el mercado logra absorber. Las mujeres son las más afectadas: su desocupación llega al 9,7% (frente a 7,9% en hombres) y su informalidad alcanza el 31,8%, superando ampliamente el 28% nacional femenino.

La Cámara de Comercio y Turismo de La Serena expresó su preocupación. Su presidente, Carlos Orrego Torrico, advirtió que “el 30% de personas que tienen trabajo pero están en condición irregular genera un daño profundo en la protección social”. El gremio llamó a legisladores y gobierno a “generar acciones para regularizar esta condición que tanto daño hace al sistema previsional”.

El contexto político: un proyecto retirado, una dirección definida

El mismo mes en que se conocieron estas cifras, el gobierno del Presidente José Antonio Kast tomó una decisión que marca la orientación de su política laboral. El 16 de marzo, el Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto de ley que establecía la negociación colectiva multinivel —conocida como negociación ramal—, iniciativa ingresada en enero por la administración anterior .

El proyecto, que contaba con informe favorable de la Corte Suprema en febrero , buscaba superar el modelo actual de negociación fragmentada empresa por empresa. En su mensaje, el gobierno saliente sostenía que “la fragmentación del sujeto negociador ha limitado la eficacia del derecho a negociar colectivamente”, afectando la capacidad de los trabajadores para alcanzar condiciones laborales equitativas .

La propuesta contemplaba tres niveles de negociación coordinados: sectorial (con efecto para toda una industria), intermedio (para cadenas de valor y subcontratación) y de empresa. El nivel sectorial habría fijado estándares mínimos comunes, evitando que las empresas compitan reduciendo salarios . Además, creaba incentivos para empleadores, como acceso condicionado a beneficios estatales y créditos tributarios por I+D .

Las razones del retiro y las reacciones

El retiro fue justificado por el gobierno sin explicación pública detallada. Sin embargo, la presión empresarial fue explícita. En la Región del Biobío, el presidente de la Sociedad Agrícola, José Miguel Stegmeier, calificó la iniciativa como “un absurdo” porque “las empresas son disímiles” y “a muchas las puede hacer desaparecer” . La CPC Biobío valoró el retiro como una señal para “avanzar en reformas que no pongan en riesgo la estabilidad de las empresas” .

Las organizaciones sindicales reaccionaron con dureza. Mikel Capetillo, presidente de la CUT provincial Concepción, dijo que el retiro demuestra que el gobierno “no está dispuesto a dialogar” y que “impondrá su criterio sin tener que conversar con los diferentes actores” . Iván Montes, vocero de la Mesa por la Defensa del Empleo, advirtió que la medida “no es auspiciosa para la discusión del aumento del sueldo mínimo ni para otras materias de interés laboral” .

El senador Gastón Saavedra calificó la decisión como “un claro desprecio a un derecho constitucional”, que “reduce este derecho dejándolo solo a un grupo minoritario” .

Lo que el gobierno impulsa: subsidios, no derechos colectivos

En paralelo al retiro del proyecto de negociación ramal, el gobierno ha avanzado en otras iniciativas laborales. En marzo, la Cámara de Diputados despachó a ley el Subsidio Unificado al Empleo (SUE) , que unifica tres programas existentes (Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes) .

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, destacó que el SUE “apoya directamente a quienes más lo necesitan: jóvenes, mujeres, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad y pequeñas empresas” . El subsidio combina aportes a empleadores y trabajadores, con montos de hasta $185.000 mensuales.

La diferencia de enfoque es evidente: mientras la negociación ramal buscaba fortalecer la capacidad colectiva de los trabajadores para negociar condiciones de trabajo, el subsidio opera como una transferencia directa que no modifica las relaciones de poder en la empresa.

Lo que viene en el mundo del trabajo

Abril trae cambios importantes en la legislación laboral chilena. El 26 de abril entra en vigencia la segunda etapa de la Ley de 40 Horas, reduciendo la jornada semanal de 44 a 42 horas. Las empresas que no implementen la reducción acordada con sus trabajadores arriesgan multas de hasta US$4.000 por infracción.

También en abril entra en vigencia el nuevo Sistema de Pensiones, con un alza del aporte del empleador que alcanzará 3,5% de la renta imponible . En diciembre comenzará a regir la Ley de Protección de Datos Personales, que establece nuevas obligaciones para empleadores y sanciones que pueden llegar al 4% de las ventas anuales .

El desafío regional: empleo que crece, pero con precariedad

Para los trabajadores de Coquimbo, las cifras del INE tienen traducción concreta. La región registra una tasa de subutilización laboral (desocupación más fuerza de trabajo potencial) del 19,0%, con una brecha de género de 7,8 puntos . Esto significa que casi una de cada cinco personas que necesita trabajo no lo encuentra en condiciones formales.

La pregunta que queda abierta es si la orientación del gobierno —rechazar mecanismos de negociación colectiva sectorial y avanzar en subsidios focalizados— logrará revertir una informalidad que en la región supera el 29% y afecta especialmente a las mujeres. Mientras el mercado laboral crece en volumen, la calidad del empleo sigue siendo el punto ciego de la política económica regional.