Más de $226 millones en difusión con dineros públicos han gastado los diputados de la región en sólo 5 meses desde que asumieron

La lista la encabeza Daniel Manouchehri (PS) con $68.709.884 millones en propaganda radial y televisiva, redes sociales, etc., más otros $2.240.355 en reconocimientos a la comunidad. En total, $70.950.239 en sólo 5 meses desde 2022 a 2025. Red Comunales pidió por Transparencia los gastos en publicidad desde que asumieron todos los diputados de la región, en 2022 al mes de abril de 2025. Sin embargo, la información llegó incompleta, faltando 54 meses por razones que se desconocen. Aún así, se puede sacar un patrón común y hacer una radiografía sobre lo que gastan los honorables en difusión con plata de todos los chilenos.

¿Sabia que cada vez que escucha a un parlamentario por determinada radio y/o canal de televisión local o los ve por redes sociales, dichas apariciones las pagamos todos los chilenos? Tal como lo lee. Y no nos referimos solamente a simples spots de 30 segundos. Hablamos de entrevistas pagadas, publicaciones en prensa escrita que siguen el mismo patrón y la utilización de redes sociales.

Por eso es habitual escucharlos y/o verlos en ciertos medios de comunicación sin que se les cuestione o, en casos puntuales, se hagan verdaderas defensas desde una imparcialidad que no existe. Al final, están pagando.

La normal legal que permite las asignaciones para publicidad, vía reembolso, es para difundir la labor parlamentaria pero, con el tiempo y en la práctica, se convirtieron en publicidad tanto para diputados como para senadores.

Red Comunales pidió por Transparencia a la Cámara de Diputadas y Diputados los gastos en publicidad desde que asumieron todos los representantes de la región de Coquimbo, desde 2022 al mes de abril de 2025. Sin embargo, la información llegó incompleta, faltando 54 meses por razones que se desconocen y que actualmente se encuentran en fase de apelación. Aún así, con lo poco liberado, se puede sacar un patrón común y hacer una verdadera radiografía sobre lo que gastan los honorables para su difusión con plata de todos.

El que más gasta

De acuerdo a lo obtenido por Ley de Transparencia, el ranking lo encabeza Daniel Manouchehri (PS) quien había gastado en publicidad con dineros del Fisco $70.950.239 correspondientes a los meses de enero 2022; enero 2023, enero 2024, enero 2025 y abril 2025. ¿Y durante el resto de los meses? Ya lo dijimos, no fueron informados.

En segundo lugar está Juan Manuel Fuenzalida (UDI) con $55.228.246 ($54.442.881 por publicidad y $785.365 por reconocimiento a la comunidad.

Le sigue Ricardo Cifuentes (DC) con un gasto total de $32.982.454 ($32.155.066 en publicidad y $827.388 en reconocimientos a la comunidad)

Víctor Pino (Demócratas), está en cuarto lugar, con $29.990.374 en publicidad y en reconocimientos a la comunidad

Le sigue Marco Antonio Sulantay (UDI) con $24.314.204 ($24.150.099 por publicidad y $164.105 por reconocimientos a la comunidad)

Carolina Tello (FA) gastó en los meses informados $7.264.416 ($7.208.190 en publicidad y $56.226 en reconocimientos a las comunidades

Por último, Nathalie Castillo (PC) gastó $5.277.990 en publicidad y $701.060 en reconocimientos a la comunidad.

¿Dónde se gastan los recursos?

Básicamente se trata de fondos reembolsables. Es decir, el o la parlamentaria gasta y luego recupera los dineros desde el Congreso Nacional con boletas, facturas u otros documentos tras un proceso de rendición.

Según el procesamiento de datos realizados por Red Comunales, los ítems más comunes en gasto en publicidad se concentran en:

1.- Contratación de espacios en radioemisoras o canal de televisión local

2.- Contratación de servicios para la comunicación (Mensajería texto, WhatsApp, Twitter y redes sociales)

3.- Diseño, edición y publicación de libros o folletería

4.- Contratación de espacios en revistas o diarios locales

Se desprende que el gasto en publicidad está dominado por la contratación de espacios en radio y TV, seguido por servicios de comunicación digital. La contratación de radioemisoras y TV concentra una parte mayoritaria del gasto total, reflejando el peso de los medios tradicionales en la estrategia comunicacional de los parlamentarios.

Además, se observan dos patrones claros:

Diputados que mantienen gasto sostenido y parejo mes a mes (campañas de comunicación permanentes).

Diputados con picos puntuales concentrados en ciertos meses (posiblemente ligados a campañas o eventos específicos). El gráfico corresponde a una estimación promedio considerando que faltan meses. Concuerda en un mayor gasto previo al año electoral 2025.

Por otra parte, no es posible saber hacia qué medios van estos recursos ya que todos los items informados por Transparencia son conceptos genéricos tales como “difusión radial”, “servicios de redes sociales”, entre otros, por lo que no se mencionan proveedores de tales servicios o los medios específicos. Esta situación añadida a los meses faltantes, impide una trazabilidad y el control público.

El caso de Ciccardini

Si bien no fue de interés ni menos solicitada para esta investigación, en el reporte oficial proporcionado aparece sorpresivamente la diputada Daniela Ciccardini (PS), de la Región de Atacama.

La parlamentaria, junto con Daniel Manouchehri, suele figurar juntos en redes sociales especialmente así como, también, en los puntos de prensa que se dan cada día en el Congreso Nacional.

Al respecto, desde la Cámara se informó que Ciccardini rindió el 1 de abril de 2025 un total de $1.731.073 en contratación de espacios en radioemisoras o canales de televisión local; plataformas virtuales, y servicios de mensajería de texto y WhatsApp.

Declaración del Colegio de Periodistas

Red Comunales solicitó al regional del Colegio de Periodistas una declaración sobre las entrevistas pagadas y otras que figuran en esta nota y si, a juicio del gremio, se daña a la democracia.

Al respecto se sostiene que “Los Medios de Comunicación deberían informar con imparcialidad temas de interés público en base a un criterio ético. Sin embargo se entiende que existen lógicas publicitarias que sostienen los modelos, lo que es comprensible”, señala parte del texto.

Sin embargo, se enfatiza que “lo que no puede ocurrir es que esta práctica limite contenidos y el pluralismo necesario para fortalecer la democracia“.

También se sostiene que “es importante que los parlamentarios y autoridades comuniquen, porque necesitamos una sociedad informada y con derecho a saber”.

Respecto a los medios de comunicación que entienden estos pagos como inmunidad, los periodistas sostienen que eso atenta contra todo principio ético. “En lo que no puede caer un medio es en la propaganda o defensa corporativa de una autoridad. Su rol es informar. Por otra parte, la autoridad no puede usar su figura como el fin último de una publicación o información”, se sostiene.

Esto último está normado por la Contraloría General de la República que prohíbe la utilización de recursos del Estado para difundir a la autoridad y no el quehacer de la institucionalidad. Sin embargo, esta regla no rige para el Congreso Nacional permitiendo una distorsión de las realidades, si se quisiera.