Prisión preventiva para médico acusado de emitir casi 12 mil licencias médicas fraudulentas en Coquimbo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un médico cirujano ecuatoriano imputado por el Ministerio Público como presunto autor de los delitos reiterados de emisión de licencias médicas fraudulentas y fraude de subvenciones, hechos que habrían ocurrido entre enero de 2023 y junio de 2025 en la comuna.

La decisión fue adoptada por el magistrado Darío Díaz Peña y Lillo, quien ordenó el ingreso a prisión de L.R.C.Z. al estimar que existe riesgo de fuga. Además, el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la fiscalía durante la audiencia de formalización, el imputado –médico general sin especialidad inscrita en el registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud– habría emitido 11.880 licencias médicas electrónicas a través de los sistemas I-Med y Medipass.

Las licencias fueron extendidas tanto a afiliados de Fonasa como de isapres, utilizando su nombre como prestador individual y también mediante el centro de salud Surmédica SpA, sociedad creada por el imputado junto a su madre y con domicilio en la comuna de Coquimbo.

Según la investigación, del total de documentos emitidos 275 fueron otorgados de forma presencial y 11.065 de manera remota, lo que habría convertido al imputado en el mayor emisor de licencias médicas del país durante 2024. Gran parte de estos permisos correspondía a diagnósticos por patologías de salud mental y enfermedades osteomusculares, pese a que el médico no contaría con especialidad en dichas áreas.

Entre los antecedentes revisados por el Ministerio Público, también se detectó que 36 licencias fueron entregadas a 34 funcionarios públicos que viajaron al extranjero durante sus períodos de reposo, mientras que otras seis fueron otorgadas a trabajadores del sector público que asistieron a casinos de juego.

Asimismo, la fiscalía indicó que 10.741 licencias emitidas a pacientes afiliados a Fonasa fueron tramitadas, lo que habría generado un pago de $4.639.802.932 por concepto de subsidios por incapacidad laboral presuntamente improcedentes.

Al fundamentar la medida cautelar, el magistrado señaló que el número de licencias emitidas, los horarios de extensión, la cantidad de atenciones diarias y los promedios mensuales presentados por la fiscalía constituyen antecedentes suficientes para estimar configurado el delito en esta etapa inicial del proceso.

Respecto del riesgo de fuga, el juez sostuvo que existen antecedentes que indican que el imputado intentaba salir del país, lo que a su juicio justifica la aplicación de la medida más gravosa mientras se desarrolla la investigación.