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Tribunales

Tribunal acoge querella contra diputado Sulantay por viaje a Inglaterra en semana distrital

De acuerdo al recurso presentado en Valparaíso por el abogado Luis Mariano Rendón, se podria configurar los delitos de abandono de destino, fraude al Fisco, uso malicioso de certificados médicos y obtención fraudulenta de remuneraciones. Otros cuatro congresistas aparecen en el escrito.

Ahora deberá ser el Ministerio Público el que deberá corroborar si hubo o no delitos penales.

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Red Comunales

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De acuerdo al recurso presentado en Valparaíso por el abogado Luis Mariano Rendón, se podria configurar los delitos de abandono de destino, fraude al Fisco, uso malicioso de certificados médicos y obtención fraudulenta de remuneraciones. Otros cuatro congresistas aparecen en el escrito.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella interpuesta contra los diputados que viajaron al extranjero durante los días de semana distrital.

Entre ellos se encuentra uno de los dos representantes de la UDI en la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, quien viajó a Inglaterra junto a su esposa durante la semana distrital del 22 de mayo al 2 de junio inclusive.

El caso, descubierto y dado a conocer por Red Comunales el pasado 3 de junio a través de El Serenense, es el de mayor complejidad ya que la cónyuge del parlamentario, Tania Barraza, debió renunciar a su cargo en el Instituto Nacional del Deporte, con sede en La Serena, tras ser denunciada por Contraloría General de la República por salir del país mientras estaba con licencia médica, aunque ella argumentó su dimisión aludiendo motivos personales.

La querella apunta a conductas que involucrarían los delitos de abandono de destino, fraude al Fisco, uso malicioso de certificados médicos y obtención fraudulenta de remuneraciones, en caso de ser probados.

De esta forma y por orden del tribunal, el Ministerio Público deberá indagar los casos para establecer si hubo delitos penales.

Los otros diputados involucrados en la querella son Gonzalo de la Carrera (Partido Nacional Libertario) quien viajó a Estados Unidos desde el 15 al 30 de mayo de 2025.

Hotuiti Teao (IND/Evópoli), quien viajó a Estados Unidos entre el 23 y el 30 de mayo en un viaje familiar

El republicano Harry Jürgensen quien viajó a Alemania del 22 de mayo al 1 de junio.

Ximena Ossandón (Renovación Nacional), quien viajó a España entre el 21 y el 30 de mayo.

La Querella

El jurista sostiene entre los argumentos de la querella, que la semana distrital está regulada por el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados y que, por tanto, debe destinarse a recorrer los distritos, reunirse con vecinos y autoridades locales, y recabar insumos para la labor legislativa.

Profundiza que los diputados son funcionarios de dedicación exclusiva, con una dieta mensual equivalente a la de un ministro de Estado y que “tomar vacaciones en este período equivale a un fraude, considerando además que existe un receso legislativo en febrero“.

En tal sentido, se señala que los congresistas son funcionarios públicos para efectos penales.

Los delitos que se acusan

1. Abandono de destino (art. 254 del Código Penal): por incumplir la obligación de trabajar en el distrito durante la semana asignada.

2. Fraude al Fisco (art. 239): por recibir remuneraciones sin realizar las funciones correspondientes.

3. Uso malicioso de certificado médico (art. 509 del Código del Trabajo y art. 202 del Código Penal): por utilizar licencias falsas o de forma fraudulenta para justificar ausencias.

4. Obtención fraudulenta de remuneraciones (art. 470 N° 8): por recibir pagos del Estado por días en que no se cumplió con la labor parlamentaria.

La querella pide al Ministerio Público requerir la nómina de todos los parlamentarios que viajaron fuera del país durante semanas distritales desde 2021, así como copia de certificados que justificaron “impedimentos graves” y verificar si coincidieron con viajes al extranjero, por lo que la nómina podría aumentar.

De comprobarse los delitos, las sanciones consideran presidio menor, multas, inhabilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de las remuneraciones percibidas.

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