Los contenidos que expuso una profesora en la clase de Ciencias en un colegio fueron fundamentales para que dos alumnas advirtieran y comprendieran que habían sido víctimas de un cercano que, hace dos años, se aprovechó de ellas para cometer las agresiones sexuales, incluso una de ellas quedó embarazada.

“Por instrucción del Ministerio Público, detectives de esta unidad especializada desarrollaron la Operación Pacífico y mediante diversas técnicas de análisis criminal establecen, fehacientemente y con evidencias científicas, la responsabilidad de un hombre de 30 años en reiterados abusos sexuales y violación contra dos niñas menores de 14 años. Las evidencias dan cuenta que el imputado, mediante el engaño y aprovechándose de un vínculo que tenía con la familia de las niñas, cometió los ilícitos”, señaló el subprefecto Germán Cerda, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales La Serena.

Al darse cuenta lo que habían sufrido, las víctimas realizaron la denuncia en su establecimiento educacional, activando los protocolos de denuncia y dando inicio a la investigación de la fiscalía de Coquimbo junto a los detectives especializados. Aunque en la policía civil reconocen que, durante las diligencias, tuvieron diversas complejidades, hasta lograr la identificación del imputado y dar con su paradero.

“Es un pescador oriundo de Guanaqueros, que contó con el apoyo familiar para esconderse en distintos domicilios, complejizar su ubicación y evadir la acción policial. El imputado salía a prestar servicios en faenas pesqueras, en diversos horarios, por lo que el apoyo de la Armada de Chile y de su personal, fue clave dentro de la investigación, para determinar la embarcación donde prestaba sus servicios, sus movimientos de zarpe y recaladas, hasta que los detectives logran detenerlo”, explicó el subprefecto Cerda, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales La Serena.

El Ministerio Público controló la detención del imputado y lo formalizó por abusos sexuales y violación en el Juzgado de Garantía de Coquimbo. Al presentar los medios de prueba, recabados en conjunto con los detectives, el tribunal lo deja en prisión preventiva, porque su libertad representa un peligro para la sociedad y para las víctimas, concediendo 90 días de plazo para finalizar la investigación.