Pescadores artesanales rechazan retiro de proyecto de nueva ley de pesca y anuncian movilizaciones

Dirigentes de la pesca artesanal de la Región de Coquimbo expresaron su rechazo tras la decisión del gobierno del Presidente José Antonio Kast de retirar el proyecto de nueva Ley de Pesca que se encontraba en tramitación en el Congreso. La medida, confirmada en las últimas semanas, implica mantener vigente la actual normativa conocida como Ley Longueira, promulgada en 2012 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

El proyecto retirado había sido trabajado durante dos años con participación de gremios pesqueros y buscaba reemplazar la actual ley, que ha sido duramente criticada por el sector artesanal por concentrar las cuotas de pesca en pocas empresas industriales. La decisión del Ejecutivo, según los dirigentes, se tomó sin consulta previa ni espacios de diálogo.

“Un traje a la medida de las siete familias”

La diputada Carolina Tello (PC) rechazó el actuar del gobierno. “Mantener la actual ley es un traje a la medida de las siete familias más poderosas de la pesca al querer preservar las licencias transables de pesca tipo A. Esto no sólo es una falta de respeto, si no que también existen herramientas: si la intención es revisar el contenido del proyecto, se pueden incorporar indicaciones en la Comisión de Pesca, que es el lugar democrático donde se deben discutir los temas más importantes para nuestro país”, señaló.

Pascual Aguilera, dirigente de la Coordinadora Alianza del Norte (CORANOR) y representante del gremio de la jibia, manifestó su indignación. “Después de dos años de trabajo, de maquillar lo que está, a la nefasta Ley Longueira, ahora llega este gobierno y de una plumada retira lo que se ha hecho. O sea, nos mira como insignificantes, como si no fuéramos nada, no existimos. Se ha puesto de moda el retiro de proyectos, decretos, sin conversar, sin consensuar, sin nada”.

Qué es la Ley Longueira y por qué genera conflicto

La actual Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como Ley Longueira por haber sido impulsada por el entonces ministro de Economía Pablo Longueira, estableció un sistema de cuotas globales de captura por especie y un régimen de licencias transables. Esto permitió que grandes empresas industriales concentraran la mayor parte de las cuotas de pesca, generando un descontento histórico en el sector artesanal.

Para los pescadores artesanales, la ley actual favorece a un grupo reducido de armadores industriales en desmedro de las comunidades costeras que dependen de la pesca. En la Región de Coquimbo, organizaciones gremiales han denunciado en múltiples ocasiones la desigualdad en la distribución de recursos y la falta de fiscalización que permite el acaparamiento de cuotas.

Lo que viene: reunión de emergencia

Ante la decisión del gobierno, los pescadores anunciaron una reunión de emergencia para definir los pasos a seguir. Aguilera advirtió que “ellos nos están invitando a una guerra en la cual nosotros no queremos participar, pero no podemos hacer más. La respuesta oficial que daremos será muy potente. No podemos permanecer impávidos ante tal aberración”.

El gobierno no ha entregado explicaciones públicas sobre los motivos del retiro del proyecto, más allá de señalar que se buscará hacer modificaciones a la ley vigente en lugar de aprobar una nueva normativa. La decisión ha generado rechazo transversal en el sector pesquero artesanal, que históricamente ha demandado una reforma estructural que equilibre el acceso a los recursos marinos.

Contexto regional

En la Región de Coquimbo, la pesca artesanal es una fuente de empleo para miles de familias en comunas costeras como Coquimbo, Los Vilos, Canela y La Higuera. La distribución de cuotas para especies como la jibia, el atún y la sardina ha sido un punto de tensión recurrente entre el sector industrial y el artesanal. Organizaciones de pescadores han denunciado que la actual ley ha profundizado la desigualdad y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la actividad para las comunidades más pequeñas.

La decisión del gobierno de mantener vigente la Ley Longueira y retirar el proyecto que reemplazaba la normativa es vista por los dirigentes como un retroceso que profundiza un modelo que históricamente ha excluido a los pescadores artesanales de la toma de decisiones sobre los recursos que explotan.