CGE y ALTO Chile presentan más de 800 querellas por hurto de energía en su zona de concesión

En un esfuerzo conjunto por combatir el hurto de energía, CGE y ALTO Chile han interpuesto 807 querellas y conseguido más de 50 formalizaciones por este delito en lo que va del año.

Estas cifras, inéditas en el sector, reflejan el éxito de la estrategia legal y comunicacional desplegada por ambas compañías El hurto de energía es un delito sancionado por la legislación chilena, que impacta negativamente las instalaciones eléctricas y la calidad del suministro para los clientes. Los perjuicios económicos estimados por hurto de energía en la zona de concesión de CGE, que abarca desde las regiones de Arica y Parinacota hasta La Araucanía, y donde presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, alcanza a la fecha los 2.700 millones de pesos.
Los kilowatts/hora hurtados ascienden a más de 25 millones, equivalente al suministro mensual de cerca de 140 mil hogares.

El combate al hurto de energía ha sido un desafío para las compañías de distribución eléctrica,
que hasta la fecha no habían podido generar acciones legales contundentes contra los
responsables. No obstante, el trabajo conjunto entre CGE y ALTO Chile ha permitido alcanzar un hito en la industria, avanzar en acciones penales concretas que se han traducido en 54
formalizaciones, una cifra inédita en este contexto.

Estas acciones penales se lograron gracias a la capacidad de ALTO para individualizar a quienes cometen el delito, a pesar de las dificultades legales que implica, y al despliegue coordinado de evidencia técnica por parte de CGE.

Ernesto Peñafiel, director de servicios jurídicos de CGE, señaló que “la comunidad debe
comprender que los mayores afectados por este delito son los mismos vecinos, sobre todo en
casos excepcionales como catástrofes naturales, donde se vuelve realmente importante contar
con un servicio fundamental como la energía eléctrica. El objetivo de estas formalizaciones es
generar un efecto disuasivo y así disminuir el hurto de energía en todas las zonas del país donde operamos”.

Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, explicó: “Un primer desafío
como querellantes en la persecución de estos delitos es lograr la formalización de los
responsables en tribunales, ya que habitualmente se trata de querellas que inician con un
imputado no identificado, y el proceso de investigación puede ser extenso. Que hoy alcancemos 54 formalizaciones demuestra que sí es posible avanzar en el plano judicial y buscar sanciones a quienes cometen este delito”.

Comunas más “colgadas”

De acuerdo con datos entregados por CGE, las comunas más afectadas por el hurto de energía
son Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo. La zona sur concentra la mayor parte
de las querellas por este delito con el 38,3% de las acciones legales, seguida por la zona centro
con el 37,5% y la zona norte con un 24,2%. Además del impacto económico, el hurto de energía representa un grave riesgo para la seguridad pública, ya que las conexiones ilegales pueden provocar fallas en la red durante emergencias o catástrofes, intermitencias en el servicio y cortes masivos que afectan a toda la comunidad.

“El trabajo conjunto con ALTO Chile también contempla una estrategia comunicacional disuasiva dirigida tanto a los infractores de ley como a la comunidad en general, con el fin de concientizar sobre este delito y así desincentivar el hurto de energía”, señaló el director de servicios jurídicos de CGE.

Por su parte, Hernández agregó que: “es importante entender que ‘colgarse’ de la red eléctrica
no es una acción audaz, sino un delito tipificado en la ley y que trae aparejadas sanciones claras. Por eso, junto a CGE estamos impulsando campañas educativas para que la comunidad
comprenda que este acto perjudica al sistema eléctrico y a la comunidad”.

La alianza entre CGE y ALTO contempla además reforzar acciones de concientización
comunitaria, destacando que la seguridad y calidad del servicio eléctrico son prioritarias y que el combate al hurto de energía requiere tanto de la acción legal como del compromiso ciudadano.